Villa Regina – La fiscalía formuló cargos y pidió la inhibición general de bienes de cuatro personas sospechadas de haber cometido el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio del Colegio Médico de Villa Regina. El juez de Garantías interviniente dará a conocer su resolución el viernes 24 de mayo.

La audiencia comenzó a las 9 y minutos antes de las 11 el Juez de Garantías, Gastón Pierroni, decidió pasar a cuarto intermedio. Por el Ministerio Público Fiscal, estuvieron los fiscales Vanesa Cascallares y Rodrigo Vazzana; por la querella y en representación del Colegio Médico lo hicieron los abogados Oscar Pineda y Fernando Sosa.

En tanto, cada imputado tuvo su propia defensa. En este sentido, el abogado Leonardo Ballester fue quien asistió desde la Defensa Pública a Antonio Moises Wegierski, quien era Presidente de la ex comisión que se investiga; el abogado Federico Diorio fue el defensor de Edgardo Alcides Fernández (vicepresidente); los abogados Darío Sujonitzky y Sergio Schröeder los defensores de Oscar Andrés Bogado (Secretario de Finanzas) y, finalmente, los abogados Walter Carrasco y Gonzalo Zuleta fueron los defensores privados de Susana Haydee García (empleada administrativa a cargo de la facturación y liquidación de prestaciones médicas).

Una particularidad fue que al comienzo de la audiencia el abogado Carrasco solicitó un cuarto intermedio de 48 horas debido a que había asumido la defensa de García en ese momento. Si bien todos consideraron que era oportuno que se interiorizara de todos los detalles de la causa para poder fijar una estrategia de defensa, lo que se resolvió fue avanzar con la formulación y llegado el momento brindarle el tiempo solicitado.

La acusación

Seguidamente, la fiscal Cascallares describió el hecho investigado de la siguiente manera: “habría sucedido entre enero de 2020 a noviembre del 2021 en el Colegio Médico de esta localidad. Cuando funcionarios y una empleada, habrían desviado sistemáticamente fondos reales provenientes de PAMI correspondientes a asociados prestadores -aún no determinados en cantidad- presentando liquidaciones por un monto inferior. Esa diferencia la habrían desviado a registros de asociados paralelos creados por las personas señaladas”.

“Luego, se habrían confeccionado cheques al portador, rubricados por quien era el presidente y el secretario de finanzas de la institución, que no habrían sido entregados al asociado correspondiente sino a terceros (cobrados por estos) o utilizados en negocios jurídicos ajenos al objeto social del Colegio”, agregó la fiscalía.

Asimismo, continuó la fiscalía, “los miembros de la Comisión Directiva, en incumplimiento de lo prescripto por el Artículo 18 del Estatuto Legal del Colegio de Médicos, no habrían dado cumplimiento en debido tiempo y forma a la confección y aprobación de los balances, cuestión que había generado que la asociación se encontrara en situación irregular frente a la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Rio Negro”.

“Esta acción habría imposibilitado convocar a elecciones periódicas, evitando el cambio de autoridades, y así habrían logrado ocultar la maniobra, que se estima habría generando un perjuicio estimado a 12 millones de pesos, tanto a miembros asociados como al Colegio Médico”.

Entre la evidencia enumerada para esta instancia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal enunció la denuncia penal, copias de cheques con su numeración, informes de bancos, liquidación e informe de la obra social PAMI, informe de auditoría interna, entrevistas varias, estatuto, actas de asambleas.

La calificación legal esgrimida es la de “administración fraudulenta” en calidad de co-autores, según los Artículos 45 y 173 Inciso 7° del Código Penal.

Oposición y cruces

El primero en oponerse a la calificación fue el abogado Diorio por entender que el sustento probatorio no era suficiente ya que no se justificaba debidamente cuál era el rol de su cliente (Fernández) en el delito del que se lo acusa. Aclaró que no firmaba los cheques y agregó que por no señalarse cómo era su participación tampoco había dolo directo. “Contra mi defendido no hay nada”, recalcó.

En el caso de la Defensa de Bogado, los abogados Sujonitzky y Schröeder no objetaron la calificación legal, pero aclararon que no reconocen los hechos tal como fueron descriptos ya que tienen otra teoría de los hechos. En la misma línea se pronunció el Defensor Público del ex presidente del Colegio Médico (Wegierski). Si bien Ballester también dijo tener una teoría contraria, señaló que existen en esta etapa elementos suficientes para que se avance con la formulación.

Por su parte, el abogado Carrasco se opuso al expresar que las responsabilidades deberían caer sobre quienes autorizan o representan a la institución y no sobre su cliente (por la empleada García). “Su actividad como secretaria era cumplir órdenes, no firmaba cheques y, en todo caso, podría ser tomada como testigo de cómo funcionaba la institución más que como imputada”, manifestó.

Desde la querella: “El vice no está pintado”

En respuesta a lo expresado por Diorio, desde la querella se explicó que la formulación de cargos plantea un estándar probatorio que significa una probabilidad razonable y que a medida que se avance en el proceso se buscará la certeza. En este sentido, Pineda cruzó al defensor del ex vice presidente (Fernández) al sostener: “El vice no está pintado, integraba la Comisión Directiva. En todo caso hubo omisión, pero tiene que tener una responsabilidad independientemente de cuál era su rol”.

De igual modo se refirió el apoderado de la actual gestión del Colegio Médico: “No hay que dejar de recordar que se tratan de cargos por un delito que atenta contra el patrimonio del Colegio Médico y los ingresos de los socios del Colegio. Cuidar y velar por la integridad y la buena y correcta administración del patrimonio y los ingresos, es deber tanto del director como del vice y todos los integrantes de la Comisión Directiva. Que Fernández no haya firmado cheques o no exista un artículo del estatuto que le otorgue determinada obligación no hace que no tenga responsabilidad, su participación por acción u omisión será determinada con el transcurso de la investigación”, dijo Sosa.

En un momento de la audiencia el Juez Pierroni preguntó por qué la denuncia recaía únicamente sobre los tres médicos y la secretaria. Desde la querella le respondieron que fue así por tratarse de un delito patrimonial y que está vinculado con la administración de los fondos.

Los cruces entre Diorio y Pinera continuaron ya que el defensor del vice de la ex comisión directiva insistió que en el caso de su defendido no hay “mera probabilidad razonable” por el hecho de que falta información que los sustente e indicó que no se investiga una delito de omisión. Además, sostuvo que por el tenor de la investigación en el banco de los acusados faltaban otros integrantes de la ex comisión como el secretario general y el tribunal de cuentas.

 Pluralidad de víctimas, serían más de 60

El paso siguiente a la formulación de los cargos fue cuando desde la Fiscalía y la querella solicitaron, además, la declaración de asunto complejo de la causa. “Lo entendemos así por las características y naturaleza del hecho que se investiga, el elevado número de imputados (que por el momento son cuatro)  la pluralidad de víctimas, entre ellos el Colegio Médico como institución pero también los profesionales médicos”, explicó la fiscal del caso.

A la hora de solicitarse que se dé un tratamiento como ” Causa Compleja” se recordó que todo comenzó a partir de una denuncia que se tomó en diciembre de 2021 y que se originó a partir del reclamo de varios asociados que veían que cobraban menos en comparación a otras ciudades y ante la falta de registros y balances. Se añadió que los imputados fueron individualizados a mediados del 2023 y detallaron los inconvenientes que significó avanzar con la investigación contra una comisión que tuvo 6 años de gestión.

Respecto a la pluralidad de víctimas, el abogado Sosa fue más preciso al sostener que la maniobra afectó aproximadamente a unos 60 médicos, lo cual significaría una suma de $12 millones. “Ese monto hoy con intereses sería distinto, también si se ampliara la investigación hacía atrás (del 2020)”, agregó. En relación a ello recalcó el desvío de fondos realizado, en algunos casos a familiares de los imputados y en otros a personas ajenas al Colegio.

Se pidió la inhibición general de bienes

Como tercer punto de la audiencia, desde la Fiscalía también se pidió como medida cautelar la “inhibición general de bienes de las cuatro personas mencionadas en el hecho investigado”. El objetivo del pedido es para evitar cualquier modificación en la situación patrimonial de los acusados.

Por su parte, las defensas se opusieron al pedido de causa compleja como también a la cautelar.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente declaró un cuarto intermedio y se fijó una nueva audiencia para el viernes 24 de mayo a las 10:30.

🔊 🗣️ Al término de la audiencia, el abogado Pineda dialogó con LCR: